* Juez federal determina que incurrió el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público al contratar como asesor fantasma del IEA al controvertido abogado Juan Collado
Por Mario Luis Ramos Rocha
Aguascalientes, Ags. 8 mayo 2023.- El exdirector del Instituto de Educación de Aguascalientes, Francisco Chávez Rangel fue condenado a dos años de prisión, el pago de una multa de 3 mil 188 pesos y a resarcir 7 millones 420 mil pesos a las arcas estatales por concepto de reparación del daño. Adicionalmente ha sido inhabilitado por un año para ejercer cualquier tipo de cargo público.
A través de un comunicado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Aguascalientes, dio a conocer la sentencia dictada contra el exfuncionario por su intervención en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, previsto y sancionado dentro del artículo 169 fracción V del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.
Se explica que luego del fallo condenatorio en primera instancia, en ejercicio de los derechos que le asisten como inculpado, la defensa de Francisco interpuso un amparo directo, que se resolvió en sentido negativo, lo que hoy representa que la sentencia se cumpla de conformidad con lo establecido en primer término por el tribunal que conoció de la causa conforme a la legislación vigente en el momento de los hechos.
Cabe recordar que la carpeta de juicio establece que el sujeto otorgó tres contratos de prestación de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios la firma de abogados de nombre ‘Collado y Asociados’, al frente de la cual se encontraba el controvertido abogado Juan Collado, actualmente preso.
A este despacho pagó la cantidad de 7 millones 420 mil pesos, por concepto de defensa para la institución en dos juicios: el primero radicado en el Juzgado Quinto Mercantil y el segundo en el Juzgado Cuadragésimo Noveno Civil de la Ciudad de México, relacionados con la acusación por un presunto fraude en la compra de computadoras para el Instituto de Educación.
Pese a la contratación, el referido despacho no realizó ningún acto procesal a favor de la institución pública, ya que toda la defensa se llevó a cabo por el área jurídica del propio ente con plaza presupuestal.
Además, en las cláusulas, se designó al entonces director jurídico del IEA, de nombre Enrique, como responsable del seguimiento y cumplimiento de los servicios otorgados por parte del prestador; responsabilidad que omitió, lo que derivó en que, a pesar de la fuerte cantidad invertida para tal efecto, la defensa no se llevara a cabo.
Fue así como se obtuvo una sentencia condenatoria en primera instancia en contra de quien se desempeñara como servidor público, en la que se establece que compurgará una pena de dos años de prisión, el pago de una multa de 3 mil 188 pesos y 50 centavos, además del resarcimiento económico de 7 millones 420 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor del IEA y un año de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público.
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